Nicolás Maduro, el presidente en disputa de Venezuela, se enfrenta a cargos penales en Estados Unidos por acusaciones de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de fuego. La acusación formal, hecha pública por el Departamento de Justicia de EE. UU. en marzo de 2020, representa un paso significativo en la presión de Washington contra su administración.
Los cargos fueron presentados en el Distrito Sur de Nueva York y también involucran a otros altos funcionarios venezolanos y exfuncionarios, incluidos Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Tareck El Aissami, actual ministro de Petróleo; y el general retirado Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia militar.
Las Acusaciones de Narcoterrorismo
Según la acusación, Maduro y sus colaboradores son señalados de participar en una conspiración narcoterrorista con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización guerrillera designada como terrorista por Estados Unidos. El Departamento de Justicia alega que, durante más de dos décadas, Maduro habría liderado o facilitado una empresa criminal que buscaba inundar Estados Unidos con cocaína.
La imputación describe cómo Maduro habría utilizado su posición para permitir que la FARC utilizara Venezuela como un “narcoestado” para la producción y el transporte de cocaína, recibiendo sobornos a cambio de protección y apoyo logístico. Se estima que las operaciones de la FARC, facilitadas por el régimen, habrían resultado en la exportación de “cientos de toneladas de cocaína” hacia Estados Unidos.
“El pueblo venezolano merece un gobierno democrático que sirva a sus intereses, no uno que conspira con terroristas y narcotraficantes, trayendo miseria a su propio pueblo y a la región”, declaró el entonces Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, al anunciar la acusación.
Además de los cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, Maduro también enfrenta acusaciones relacionadas con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Reacción de Estados Unidos y Venezuela
En el momento de la acusación, el gobierno de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto y enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Se ofrecieron recompensas adicionales por otros funcionarios venezolanos acusados.
“La acusación de Nicolás Maduro Moros subraya el compromiso inquebrantable de la DEA de combatir el nexo global del narcotráfico y el narcoterrorismo”, afirmó Uttam Dhillon, entonces administrador interino de la DEA. “Esta investigación se dirige a miembros clave del régimen de Maduro, quienes presuntamente han operado una asociación de narcoterrorismo con las FARC durante los últimos 20 años.”
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado categóricamente las acusaciones, calificándolas de “vengativas”, “infundadas” y motivadas políticamente por Washington para justificar una intervención en Venezuela. Maduro ha tildado los cargos como parte de una “campaña de desprestigio” y un intento de golpe de estado impulsado por Estados Unidos.
Dado que Estados Unidos no reconoce la legitimidad de Maduro como presidente de Venezuela, las posibilidades de una extradición son nulas mientras este mantenga el control del poder en el país sudamericano. No obstante, los cargos penales representan una prohibición de viaje efectiva para Maduro a la mayoría de los países, y una amenaza legal persistente si alguna vez deja el cargo.
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