Un “cierre” o “paralización” del gobierno de Estados Unidos ocurre cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de asignaciones de fondos para el nuevo año fiscal, que comienza el 1 de octubre, o una resolución continua que extienda los fondos existentes. Sin la autorización legal para gastar dinero, muchas agencias y programas federales deben suspender sus operaciones, afectando a millones de personas y servicios en todo el país.
Este fenómeno es el resultado de un estancamiento político, generalmente cuando el poder legislativo y el ejecutivo, o las dos cámaras del Congreso, no logran llegar a un acuerdo sobre los niveles de gasto, políticas presupuestarias o cláusulas legislativas adjuntas a las asignaciones. La Constitución de EE. UU. otorga al Congreso el “poder de la bolsa”, lo que significa que ninguna entidad gubernamental puede gastar dinero sin la aprobación explícita de ambas cámaras del Congreso.
Impacto en los servicios federales
Cuando se produce un cierre, el gobierno federal debe clasificar sus operaciones como “esenciales” o “no esenciales”.
- Servicios esenciales: Aquellos considerados críticos para la seguridad nacional, la protección de la vida y la propiedad. Esto incluye personal militar, agentes de aduanas, controladores de tráfico aéreo, personal de seguridad fronteriza, servicios de emergencia y ciertos servicios médicos. Los empleados que realizan estas funciones esenciales continúan trabajando, pero generalmente sin recibir su salario hasta que finaliza el cierre y se aprueba una ley para pagarles retroactivamente.
- Servicios no esenciales: Gran parte del resto del gobierno se ve afectado. Esto puede incluir el cierre de parques nacionales y museos, la suspensión de nuevas solicitudes de pasaportes (aunque las emergencias pueden ser atendidas), la interrupción de investigaciones científicas y la reducción de operaciones en muchas agencias reguladoras. Los empleados considerados “no esenciales” son enviados a casa con licencia sin goce de sueldo (furlough).
Las prestaciones como la Seguridad Social y Medicare suelen continuar, ya que están financiadas por fondos obligatorios o tienen fuentes de financiación independientes que no requieren asignaciones anuales. Sin embargo, los servicios de atención al cliente y el procesamiento de nuevas solicitudes pueden experimentar retrasos.
Consecuencias económicas y sociales
Los cierres gubernamentales tienen un impacto económico. La interrupción de los salarios de cientos de miles de trabajadores federales reduce el consumo. La incertidumbre afecta a los mercados financieros y la planificación empresarial. Además, muchos contratistas federales ven suspendidos sus proyectos, lo que también resulta en despidos temporales y pérdida de ingresos. Según análisis pasados, cada semana de cierre puede reducir el Producto Interno Bruto (PIB) del país.
A nivel social, el cierre de servicios públicos, desde la emisión de permisos hasta la inspección de alimentos, puede generar inconvenientes significativos para los ciudadanos y las empresas. La confianza pública en la capacidad del gobierno para funcionar de manera efectiva también puede verse erosionada.
La resolución del cierre
Un cierre del gobierno finaliza cuando el Congreso y el Presidente llegan a un acuerdo y aprueban una ley de asignaciones o una resolución continua que restablece los fondos para todas las operaciones gubernamentales. Una vez que se promulga la ley, los empleados federales furloughed regresan a sus puestos y los servicios se reanudan. Es habitual que se apruebe una legislación posterior para asegurar que todos los trabajadores federales afectados reciban su salario retroactivo.
Source: Read the original article here.
