La compleja y a menudo tensa relación entre Venezuela y Estados Unidos ha estado marcada durante décadas por acusaciones mutuas y una profunda desconfianza. En el centro de esta dinámica se encuentra el persistente “espectro del cambio de régimen”, una preocupación recurrente en Caracas y un tema sensible en la política exterior de Washington hacia el país sudamericano.
Desde la llegada al poder del chavismo a finales de los años 90, la administración estadounidense ha expresado consistentemente su preocupación por el estado de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela. Estas preocupaciones se han traducido en una serie de políticas, incluyendo sanciones económicas dirigidas a funcionarios, entidades gubernamentales y sectores clave de la economía venezolana, así como el apoyo a figuras y movimientos de la oposición política.
Para el gobierno venezolano, estas acciones constituyen una injerencia directa en sus asuntos internos y un intento orquestado de derrocar al gobierno en funciones. Funcionarios venezolanos han denunciado repetidamente lo que consideran una “agenda imperialista” que busca desestabilizar el país y controlar sus vastos recursos naturales, particularmente el petróleo.
“Hemos sido claros en que cualquier solución a la crisis de Venezuela debe venir del pueblo venezolano,” declaró un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en una ocasión. “Nuestro objetivo es apoyar la restauración de la democracia y el respeto por los derechos humanos, no imponer un líder o un sistema político específico.”
Sin embargo, desde la perspectiva venezolana, las acciones estadounidenses a menudo han contradicho estas afirmaciones. La no-reconocimiento de elecciones, el apoyo explícito a líderes de la oposición autoproclamados y las medidas coercitivas unilaterales son vistas como pruebas irrefutables de una estrategia subyacente de cambio de régimen.
“La injerencia constante de Washington en nuestros asuntos es inaceptable y una violación flagrante del derecho internacional,” afirmó un alto funcionario del gobierno venezolano. “No nos dejaremos intimidar por las amenazas y seguiremos defendiendo nuestra soberanía y autodeterminación frente a cualquier intento de tutelaje externo.”
El debate sobre el “cambio de régimen” no es meramente retórico. Ha influido en la política interna de ambos países, afectando las decisiones económicas, diplomáticas y militares. Para Venezuela, la amenaza percibida de injerencia externa ha servido para movilizar apoyos internos y justificar medidas de seguridad. Para Estados Unidos, la situación en Venezuela ha sido un punto de contención regional e internacional, generando divisiones sobre el enfoque más efectivo para abordar la crisis.
La persistencia de esta narrativa dificulta cualquier intento de diálogo significativo o de normalización de las relaciones. Mientras Estados Unidos continúe viendo la necesidad de una “transición democrática” en Venezuela y Caracas perciba cada movimiento de Washington como un intento de subversión, el espectro del cambio de régimen seguirá siendo una sombra sobre la relación bilateral.
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